Plinio establece una doble diferenciación binaria para categorizar los tipos de sal, poniendo en consideración tanto los procesos de producción, como las causas que, en términos modernos, podríamos decir que atañen a su origen “geológico” (NH 31, 39, 73-83). En primer lugar, analiza los fenómenos físicos que causan la formación de la sal: la condensación y la evaporación (causa gemina, coacto umore vel siccato). A continuación, diferencia entre la sal que se genera de modo espontáneo, de forma natural, y aquella otra que se consigue por diferentes medios artificiales (Sal omnis aut fit aut gignitur).

Según Plinio, la sal natural puede aparecer en tres formas. En primer lugar, está la sal que surge por evaporación en los lagos de aguas salobres. Se refiere, fundamentalmente, a lagos de interior, como los de Asia central o Egipto, que se caracterizan por su elevada salinidad y en donde la sal puede cristalizar de modo natural durante el verano, bien en la orilla, o incluso en toda su superficie. Menciona también la laguna litoral de Citium, en Chipre (el actual lago de Lárnaca), que tiene la particularidad de que ‒todavía hoy‒ en verano queda parcialmente seco, dejando una vasta extensión de sal cristalizada. El segundo tipo de sal natural son los ríos salados (salis flumina) y las emanciones de aguas termales saturadas de sal (calidi fontes). Plinio pone, entre otros, el ejemplo de los ríos de las Puertas Caspias, cuya superficie cristaliza (densatur) formando una costra salada, como si quedara “congelado”, mientras el agua sigue fluyendo por debajo. Es reseñable, a efectos de nuestra argumentación, que Plinio relaciona las emaciones de aguas salobres con las fuentes primarias de sal gema. Así, por ejemplo, entiende que los ríos Ochus y Oxus, en la región de Bactria, en Asia central, son salados porque arrastran la sal desde las montañas cercanas8. Más preciso es Vitrubio al respecto, cuando señala que muchos manantiales, ríos y lagos tienen un carácter salado porque discurren por minas de sal (salifodinas) (De arch. 7, 7; 8, 3). El tercer tipo de sal es aquel que aparece en las montañas (montes nativi salis), la sal gema, como la que aparece en Capadocia. Este tipo de sal, cuenta Plinio, es el que se puede cortar en bloques, y es el que define propiamente como sal nativus.

Lo que tienen en común los diferentes tipos de sal natural es que se forman de modo espontáneo, sin aplicar ningún proceso de transformación. En contraposicón, está la sal artificial (sal facticius), que es aquella que se hace. De los diferentes procesos, el más habitual son las salinas marinas9. También se extraen aguas salobres de pozos (puteis) y fuentes, que se pueden verter en estanques de evaporación o evaporar por calefacción, como en Chaonia y en Capadocia. Plinio menciona también otro procedimiento, conocido en la Galia y en Germania, consistente en verter agua saturada en sal sobre madera ardiendo.

El principal interés que suscita el pasaje de Plinio para nuestros objetivos es evidenciar que existe una clara conceptualización en torno a la sal fundamentada en sus causas, digamos “geológicas”, en donde parecen diferenciarse de forma neta las minas de sal gema y las salinas de interior (lagos, ríos y fuentes salinas), respecto a las salinas marinas. Las sales que Plinio define como naturales pueden ser también objeto de una explotación artificial. Por ejemplo, el agua que nos dice Plinio que se extrae de los pozos y que luego se procesa, o la que se saca de los lagos de Citium y Memphis. La particularidad de las sales naturales no radica en cuestiones técnicas o logísticas, sino en su origen. Son aquellos tipos de sal que de un modo u otro tienen que ver con el subsuelo. Bien porque se encuentran en forma de roca (la sal gema o nativa), o bien porque, en cierto modo, surgen del interior de la tierra, como los ríos y las fuentes. Este marco conceptual nos ayuda a entender la constante relación que suele establecerse en las fuentes entre metalla y salinae, en alusión a las explotaciones de sal gema (sal nativus) del subsuelo frente al aprovechamiento de los recursos salinos marítimos, que corresponden a un marco normativo distinto. Nos permite, además, presentar la hipótesis de que determinados tipos de salinas de interior pudieron tener una consideración jurídica análoga a la de las minas de sal.

La equiparación entre salinas y metalla aparece de modo recurrente en distintos pasajes jurisprudenciales10, lo que no es de extrañar si en el concepto metallum tenían cabida las canteras y estas, a su vez, no debían de ser muy diferentes de las explotaciones a cielo abierto de la sal nativus. El propio Plinio dice que su explotación se realiza de un modo semejante a la cantería (lapidicinarum modo), como ocurriría en los llamados montes nativi salis (NH 31, 39, 77), o en los estratos salinos extraídos en bloques bajo el desierto en las provincias orientales, incluso con fines constructivos como en el caso de Arabia (NH 31, 39, 77-78). Esta asimilación conceptual es también extraordinariamente explícita en un pasaje de Solino (5, 18-19) al mencionar los metalla salinarum de Sicilia: Agrigento y Centuripe, en donde se conocen varias explotaciones de sal gema. Del mismo modo, Vitruvio emplea una nomenclatura que remite a la minería al mencionar las labores como salis fodinae (De arch. 7, 7; 8, 3), en relación con los diferentes trabajos extractivos de la sal del subsuelo (o sal fossicius). Para la obtención de la “sal de minas”, tal y como se denomina también en la Hippiatrica (14, 29, 2-3), podía recurrirse a galerías, pozos o explotaciones a cielo abierto. Desgraciadamente, las sucesivas fases de explotación han transformado la morfología de las posibles explotaciones de origen antiguo y no siempre es posible asignar una datación segura a estas actividades productivas por su continuidad hasta época moderna y contemporánea. A pesar de ello, algunos ejemplos hispanos documentados como el diapiro salino de la “Muntanya de Sal” de Cardona (Fíguls et al., 2013, pp. 177-180; vid. Gell. NA 2, 22, 28-29) proporcionan una buena base material a la hora de comprender la asimilación conceptual entre metalla y este tipo de explotaciones de sal gema.

Si volvemos al fragmento de Ulpiano (D. 50, 16, 17, 0-1= Ulp. 10 ed.), la relación entre vectigal salinarum y vectigal metallorum resulta perfectamente compatible desde una perspectiva jurídico-administrativa, pues no solo se vinculan formas de explotación conceptualmente semejantes, sino que ambas se integran en la esfera de las res in patrimonio fisco como se ha visto. El fundamento jurídico clave reside en los derechos patrimoniales que el Estado romano se reservaba sobre los bienes y recursos procedentes del subsuelo, como serían los metales preciosos y, en este caso, la propia sal nativus, en vista a contingentes explotaciones futuras. La construcción a partir de Augusto de un régimen minero que es netamente distinto al que reconocía el derecho privado (basado en el principio general de que el dominio del suelo se extendía también a los frutos y bienes que tuviera debajo: Bravo Bosch, 2011; vid. D. 18, 1, 77=Iav. 4 post. Lab; D. 8, 4, 13, 1=Ulp. 6 opin.) es el marco normativo que hacía susceptible a metalla y salinae de interior de convertirse en ager publicus (vid. Negri, 1985).

La documentación disponible para los metalla pone de manifiesto, sin embargo, que ello no implicaba un control estatal necesariamente monopolístico de las explotaciones, sino que abría un derecho potencial que el Estado romano podía o no ejercitar. En algunos ejemplos, sí conservó la titularidad pública de las minas y mantuvo un régimen de explotación directo como en la minería aurífera del Noroeste hispano (Orejas y Sánchez-Palencia, 2002, pp. 589-596; Sánchez-Palencia et al., 2006). Las leyes de Vipasca (HEp 11, 649-50) reflejan que las minas lusitanas de plata y cobre de Aljustrel eran propiedad del fisco, pero se empleó un régimen de explotación indirecto mediante un sistema de concesiones en el que participaron distintas entidades y corporaciones privadas (conductores, occupatores, coloni y societates) bajo control del procurator metallorum. En otros contextos la gestión de los metalla pudo transferirse en beneficio de las comunidades, como parecen indicar los ejemplos hispanos de Carthago Nova, Sisapo o Segobriga (Rico, 2010), e incluso a privati como el conocido caso de S. Marius en la zona de Corduba en época de Tiberio (Capanelli, 1990, p. 228; Orejas, Sastre y Zubiaurre, 2012). Es difícil saber cómo era el funcionamiento en el caso de las salinae de sal gema y hasta qué punto obedecen o no a un orden distinto a los metalla. La cuestión de si las explotaciones salinas basadas en pozos de captación, como los empleados en Flavia Augusta (Poza de la Sal, Burgos; vid. González, 2009) pudieron asimilarse al modelo de ocuppatio de los pozos mineros de Vipasca, es algo que solo puede intuirse de modo un tanto especulativo (vid. Lagóstena y Cañizar, 2010, p. 78). Lo que verdaderamente interesa de la experiencia minera en Hispania y en el resto del Imperio de cara la comprensión de la explotación salinera es que nunca existió un modelo rígido y uniforme de explotación, sino flexible en función de los intereses de Roma y de la propia coyuntura histórica.

Como veremos en las siguientes páginas, la documentación sobre la gestión de las salinae que explotaron la sal del subsuelo, ya fuera bajo la forma de sal gema o de salinas de interior arroja un panorama igualmente diverso al de los metalla, fruto de las soluciones adoptadas por el fisco para cada caso concreto. Con este objetivo, exploraremos a continuación diferentes fórmulas que, en este caso, sí indican con claridad un régimen directo de explotación y un alto grado de implicación del Estado romano, pero también la existencia de un régimen indirecto de explotación, y de salinas bajo la administración de las comunidades o de explotaciones privadas. Es decir, se trata de un marco coherente y asimilable al conocido para la minería romana, a pesar de que las fuentes disponibles sean sensiblemente menores en número.

Comenzando por el régimen directo de explotación, cabe decir que no debió ser el más habitual, aunque se intuye detrás de las figuras punitivas de la damnatio ad salinas y opera salinarum. De los fragmentos de Ulpiano y Pomponio se desprende que eran penas asimilables a los trabajos forzados en minas (damnationes ad metalla), y que podían tener un carácter temporal o permanente (D. 48, 19, 8, 8 = Ulp. 9 de off. procons.; D. 49, 15, 6= Pomp. 1 var. lect.). En las penas temporales los reos retenían la ciudadanía, pero la modalidad con carácter perpetuo implicaba una situación cercana a la esclavitud. Lógicamente, si existía una pena de este tipo es porque existían salinae que, a semejanza de los metalla publica, podían ser el destino de este tipo de mano de obra. En esta dirección Pomponio revela, en el capítulo dedicado al ius postliminium, que los condenados a salinas quedaban a disposición del ejército y que, por tanto, era este el responsable de las explotaciones. Al menos, a esto lleva a pensar el caso del centurión Concceyo Firmo, a quien el fisco hubo de resarcir por la pérdida temporal de una condenada a salinas bajo su mando (D. 49, 15, 6). El hecho de que ambas alusiones recojan casos de mujeres ha llevado a pensar que la damnatio ad salinas fuera el equivalente femenino a las damnationes ad metalla, a las que sí estaban sometidas tanto mujeres como hombres (Lagóstena y Cañizar, 2010, p. 76). Sin embargo, la práctica inexistencia de menciones a los condenados en fuentes epigráficas impide corroborar esta hipótesis.

La documentación papirológica de Egipto invita a pensar en un sistema mixto en la prefectura, formado por una red de arrendatarios privados relacionados con el derecho a la venta de sal y un sistema productivo que probablemente permaneció en manos públicas. La principal fuente de información procede de los acuerdos a los que llega la corporación de mercaderes de sal de Tebtunis para el año 47-48 d. C. (P.Mich. 657; vid. Boak, 1937), que refleja con claridad la existencia de asociaciones de alopôlai en las que recaían derechos exclusivos para su venta sobre determinados territorios asignados. La organización del ámbito productivo es peor conocida, pero varios indicios apuntan al carácter público de las explotaciones, que sabemos por fuentes literarias existieron en zonas de interior como Hermopolis Magna, Lycopolis y en el lago salino de El Fayum cercano a la propia Tebtunis (Carusi, 2008, p. 317). Otro documento atestigua que la sal gema podría ser gestionada por funcionarios del reino (Carusi, 2007, p. 333; vid. McGing, 2002). Otros indicios se desprenden del propio acuerdo, como el hecho ya notado hace tiempo (Oak, 1937, p. 212-213) de que el almacén (thesauros) que suministra la sal a la sociedad de mercaderes no les pertenece ni depende de ellos. Aunque el documento no lo aclara de modo explícito, se intuye un suministro de carácter estatal desde las zonas de producción (García y Martínez, 2006, pp. 265-266). En esta suerte de estatuto corporativo se recoge, de hecho, la obligación del responsable de la sociedad (epimelités) de actuar como exactor de determinados ingresos públicos (eisaktos ton demosíon), que derivarían seguramente tanto del montante por los derechos exclusivos de venta como por el abastecimiento de sal desde los horrea de la prefectura, semejantes a los almacenes documentados en época ptolemaica (P. Tebt. 732). Lógicamente estas cantidades, así como el propio estatuto de esta sociedad, debían necesariamente realizarse con el acuerdo de los poderes públicos, tal y como nos encontramos en otras fuentes complementarias, como los 576 dracmas de los mercaderes de sal de Ibion Eikosipentarouron el 26 a. C. (P.Mich. 123, 22, 27) o los 208 dracmas en la propia Tebtunis el 46 d. C. (P.Mich. 123, 7, 27) que han de pagar al tesoro público. Desde esta perspectiva puede entenderse mejor que los precios que se regulan en el propio acuerdo de Tebtunis (P.Mich. 657, l. 24-26) y aparecen en otros recibos por la venta de sal (P.Mich. 5, 245; Stockinger, 2015, pp. 187-190) no sean precios máximos sino precios mínimos y, por tanto, en beneficio de la producción pública. Otro indicativo indirecto lo encontramos en el destino de las diversas multas económicas establecidas en esta ordenanza, tanto por la venta de mayores cantidades de sal de las prefijadas a cada mercader como por el establecimiento de precios menores a los mínimos acordados (P.Mich. 657, l. 24-31). Estas malas prácticas se sancionaban con un mismo montante económico que debía abonarse no solo a la corporación sino también al tesoro público (ta demosía), lo que solo tendría sentido si existe un sector productivo estatal que lógicamente se viera perjudicado por la perversión de la política de precios mínimos, además de las correspondientes desigualdades surgidas entre los alopôlai.

El carácter público de la producción de sal en Egipto se intuye igualmente en la recuperación del impuesto ptolemaico sobre la sal (haliké) que, tras no dejar rastro documental desde el 217 a. C., vuelve a cobrarse con la misma cantidad de entonces (4 óbolos pers./año) a partir de Augusto (Rathbone, 1993, p. 91). Frente a lo que pudiera pensarse, el llamado “impuesto de la sal” no implicaba redistribuciones o repartos gratuitos entre la población egipcia sujeta a esta tasa, que se cobraba a los hombres con una periodicidad anual. En opinión de Clarysse y Thompson (2006, pp. 38-89), la naturaleza de la haliké era precisamente la de suplantar por cantidades económicas la fuerza de trabajo requerida en las salinas públicas, y reclutada en las corveas de la dinastía ptolemaica (vid. P.Petrie II, 4; Clarysse y Thompson, 2006, pp. 42-43). Las características de la haliké a partir de Augusto son poco conocidas, pero llevan a pensar en un sistema análogo, seguramente oscilante entre la pervivencia y la innovación que introduce el censo egipcio (laographia), pero cuyo retorno sería difícil de justificar sin una implicación pública en el sector productivo.

En segundo lugar, es en la provincia de Dacia donde encontramos la mayor fuente de información sobre el régimen de gestión indirecto de las salinas públicas, basado en sistemas de arriendos a conductores salinarum. En la región de los Cárpatos hay evidencias arqueológicas de explotación de sal gema y de emanaciones de aguas salobres desde la Edad del Bronce y durante la Edad del Hierro (Harding, 2013). Para época romana, aunque no hay una documentación arqueológica directa del aprovechamiento de la sal sí se conocen abundantes indicios indirectos, epigráficos y de poblamiento, en relación a los depósitos de Ocna Mureş, Ocna Sibiului, Cojocna Sic, Pata, Ocna, Dejului, Domneşti, Ocnele Mari y Potaissa (Wollmann, 1996, pp. 240-244; Mihailescu-Bîrliba, 2018; Draganescu, 2001). En muchas ocasiones se documenta la presencia del aparato militar, que estaría con toda probabilidad relacionado con labores de supervisión de las explotaciones y de la percepción de los vectigalia salinarum a los arrendatarios privados, lo que podría ser indicativo de tasas sobre la producción en vez de cantidades fijas. Así, los campamentos de Sânpaul, Sărăteni, Inlăceni, Ilişua, Gherla o Potaissa se vinculan a los depósitos de Mărtiniş, Sovata, Praid, Domneşti, Ocna Dejului y Turda respectivamente. Un ejemplo paradigmático es la salina de Ocna Mureş (conocido en época romana como Salinae), en donde se documentan numerosos ladrillos con el sello de la legio XIII Gemina establecida en Apulum, además de su relación directa con dos campamentos cercanos, uno de los cuales (Cetate: Războieni) acogía al ala I Batavorum (Mihailescu-Bîrliba, 2018). Los testimonios epigráficos de los conductores salinaroum reflejan actividades productivas de amplia escala en la mitad occidental de la provincia dácica durante la segunda mitad del s. II a comienzos del III d. C., correspondientes a élites provinciales que delegan la supervisión y el control cotidiano de las explotaciones salineras en actores de condición liberta y servil. Tres inscripciones recogen un mismo conductor salinarum en tres lugares distintos, P. Aelius Marus. En Domneşti Atticus le dedica pro salute un ara votiva a IOM y a la Terra Mater en calidad de su actor (AE 1930, 10). En Vetel (Micia), aparece en un ara votiva a Silvano Domestico dedicada por su liberto P. Aelius Euph[o]rus (CIL III 1363=AE 2008, 1157). Tras el último hallazgo (Dana y Zăgreanu, 2013, pp. 28-32), P. Aelius Marus se documenta también en el contexto arqueológico de la antigua Porolissum (Moigrad-Porolissum) como arrendatario de salinas, aunque el estado fragmentario del epígrafe no permite identificar a su dedicante (AE 1930, 10). También de Vetel (Micia: AE 2005, 1296) procede la inscripción que dedica Ursio, como servus actor verna a un conductor salinarum, del que solo se conserva su cognomen Rufinus. En línea con los argumentos recientes de Mihailescu-Bîrliba (2016), debe tenerse en cuenta que los lugares de hallazgo de este conjunto epigráfico no necesariamente aluden a lugares de producción, en donde ni en Micia niPorolissum existen explotaciones salineras inmediatas, sino a los centros de poder en donde cobra un mayor sentido la visibilidad epigráfica de las élites económicas y actúan además algunos como conductores de los pascua publica comunitarios11. El ejemplo más claro procede de la inscripción honorífica al ecuestre P. Aelius Strenuus en el s. III d. C., encontrada en la capital dácica de Apulum (Alba Iulia) y con una larga trayectoria política como notable local en la colonia, además de mencionarse como conductor salinarum (CIL III 1208). Su dedicante, Rufinus, era con toda probabilidad un actor subalterno, quizás empleado en las propias salinas como lo encontramos en el resto de casos. Además del mencionado en Domneşti, otro ejemplo que sí puede ponerse relación con salinas cercanas es C. Iulius Valentinus hallado en SanPâul en una dedicación a Sol Invictus realizada por su actor liberto Iulius Omucio, vinculado con toda probabilidad a la explotación de los depósitos de Mărtiniş (AE 2008, 1296).

En tercer lugar, surge la cuestión: ¿Hubo otras modalidades de gestión aparte del régimen directo e indirecto de explotación? Aunque no se dispone de una evidencia documental suficiente para conocerlas con exactitud, algunos indicadores permiten suponer que en algunos casos el fisco pudo prescindir de sus derechos patrimoniales, sobre todo cuando se trataba de explotaciones de menor entidad, para hacerlas recaer en privados o comunidades. Así, al menos, nos los muestran varios ejemplos en fuentes jurisprudenciales y de epigrafía jurídica.

En esta dirección Ulpiano (D. 27, 9, 5, 1 = Ulp. 35 ad ed.), a propósito de la casuística sobre la enajenación de los bienes bajo tutela del pupilo, reconoce implícitamente la posibilidad de tener en propiedad salinas privadas y que podían transmitirse por herencia. La manera en que Ulpiano asimila el caso de estas salinas al aprovechamiento de otros recursos del subsuelo (metalla y lapidicinae) invita a pensar en explotaciones de diapiros salinos. De hecho, también Éscevola expone como ejemplo ilustrativo el caso de unas salinae que pertenecían probablemente a un privatus y son legadas a su esposa en régimen de usufructo (D. 33, 2, 32, 2-3 = Scaev. 15 dig.). Ambos fragmentos refuerzan la idea de un aprovechamiento privado, así como la posibilidad de transmisiones testamentarias e incluso de instituir derechos de usufructo a terceros. Falta sin embargo conocer mejor el encuadre administrativo de su régimen de propiedad y reflexionar sobre hasta qué punto pudo producirse en el seno de las administraciones locales. En este sentido Gayo, en un pasaje poco claro introduce la idea de que podían existir salinae bajo control de los publicani y que les pudo ser arrendada la percepción de sus vectigalia a nivel local en ciertos municipia (vid. D. 39, 4, 13 pr.-1 = Gai. ad ed. provinc.; Lagóstena y Cañizar, 2010, p. 77). No obstante, la supervivencia de las actividades de los publicani en el Alto Imperio es un asunto largamente debatido en el que no podemos centrarnos ahora (vid. Cimma, 1981; Brunt, 1990). También es conocida la disputa por la explotación de un río salino en la zona del limes germano, en el que la colonia Claudia Ara Agrippinensium intercede a favor de los hermunduros frente a los catos (Tác. Ann. 13, 57, 1). En el caso de Hispania son varios los autores que han defendido que la explotación de algunas salinas pudo ser absorbida por las administraciones locales, convirtiéndose en un factor importante del florecimiento económico de numerosos capita civitatium (Fernández Nieto, 2006, pp. 224-227; García y Martínez, 2006 y 2009; Lagóstena y Cañizar, 2010; Mangas y Hernando, 2011, pp. 62-82). Es cierto que, a juzgar por la legislación municipal flavia, los IIviri aparecen con importante capacidad de actuación de cara a la gestión del ager publicus local: en la locatio y venta de los terrenos públicos (lex Irn. 63 y 48=J), en la supervisión de los lindes y cobro de los vectigalia por arriendos (lex Irn. 76; lex Malac. 63) o en la construcción de las obras hidráulicas necesarias (lex Irn. 82). También en Urso, existía una importante capacidad en la gestión de los agri, silvae et aedificia bajo la jurisdicción de la colonia de cara a locationes (lex Urs. 82), repartos (lex Urs. 79) y expropiaciones en ciertos contextos (lex Urs. 99; vid. Sáez, 1997). En ninguno de los casos hay sin embargo una alusión directa a disposiciones sobre salinae comunitarias o privadas, aunque muchas comunidades contaron con ellas dentro de sus fronteras.

Para explotaciones salinas de interior en comunidades no promocionadas se ha apuntado que los [agri] publici del Bronce de la Dehesa de Morales en Fuentes de Ropel (Zamora: HEp 8, 502) deban identificarse con las salinas de Villafáfila (Tierra de Campos, Zamora), indicando algún tipo de delimitación, venta o arrendamiento en el marco de la comunidad de Brigaecium o como ager publicus estatal (Mayer, García y Abásolo, 1998; Mayer, 2009, pp. 175-177; Fernández Nieto, 2006, pp. 226-227). Esta línea interpretativa debe tomarse con suma prudencia toda vez que no se conoce con seguridad el lugar de hallazgo por las circunstancias de clandestinidad en que se produjo su descubrimiento, ni hay alusión a toponimia conocida que permita relacionar las lacunae mencionadas en el bronce con explotaciones salinas como las documentadas en la “Laguna de Barillos”, “Laguna de Salinas” o “Salina Grande”. Por otra parte, algunos estudios territoriales recientes sobre las dinámicas de poblamiento en el entorno peri-lagunar de Villafáfila han resaltado una explotación más activa en época prehistórica y medieval que romana, basada en la obtención de sal por ebullición y el empleo de la técnica del “briquetage” (Abarquero et al., 2012 y 2017). La pérdida de la parte izquierda del bronce impide desgraciadamente conocer con seguridad cuales fueron las motivaciones y la naturaleza precisa del documento. No obstante, dada la semejanza con la descriptio de los territorios comunitarios ofrecida por los agrimensores (Hyg. Th. 74, 4=La. 114, 12), resulta más convincente reconocer algún tipo de sentencia que puso fin a una controversia territorial, tal y como conocemos por algunos termini hispanos (vid. Ariño 2005; Orejas, 2002, pp. 400-403) y se desprende de las alusiones en el bronce a hitos fronterizos en cordilleras montañosas (clivi) en relación al poblamiento rural descrito.

La mencionada “Ley fiscal” de Palmyra del 137 d. C. en la provincia de Syria (IGR III 1056; Matthews, 1984; vid supra) permite conocer con mayor claridad que, al menos en algunos casos, las explotaciones de salinas de interior sí estuvieron bajo el control de las administraciones locales. Este ordenamiento es cercano en el tiempo al momento en que la comunidad promociona al expediente de civitas libera en época de Adriano, cuando toma entonces el nombre de Palmyra Hadriana y se hace necesario entonces fijar por escrito distintas disposiciones en materia de tributación local, algunas nuevas y otras ya vigentes desde el siglo I d. C. Para lo que ahora interesa, es de gran importancia para nosotros el papel que desempeñan el legatus pro praetore al ratificar algunas de las disposiciones contenidas en la ley en relación a la sal, como su venta obligatoria en lugares públicos y que la percepción de los impuestos sobre ella deba ser cobrada en ases itálicos (IGR III 1056, IVB, P. 130-136). En la sección IIIC (Matthews, 1984, pp. 177-178) se establece además que debían cobrarse impuestos sobre la sal obtenida dentro del territorio palmeriense y declararse en los lugares de venta, lo que con toda probabilidad alude a la explotación de los grandes depósitos de sal de Sabkhat al-Mūh dispuestos en la parte sudoriental inmediata a la ciudad (Intagliata, 2018, p. 1), y que sabemos por el término inter Hadriano[s] Palmyrenos et [E]mesenos pertenecían a la comunidad por la vasta extensión del territorio comunitario (Schlumberger, 1939, pp. 63-64). El destino de buena parte de estos impuestos era presumiblemente el tesoro del gobernador provincial, cuyo montante era de un as por cada modio de 16 sextarii de sal, pudiendo ascender hasta los dos sestercios en caso de no declararse (IIIC, lí. 116-20 y P. 69-73). Qué parte de estos impuestos pasaban al erario local es algo que no permite conocer el documento. Lo que es claro es que los encargados del control y de la percepción de los impuestos sobre la sal eran los dekaprotoi (IGR III 1056, IA), unos oficiales locales muy extendidos en las comunidades de la parte oriental del imperio y vinculados al control de las finanzas y la tributación comunitarias (Bagnall, 1978).

En síntesis, al igual que los mercaderes-exactores de Tebtunis, el rol desempeñado por los dekaprotoi palmerienses es ilustrativo de cómo Roma prefirió en ocasiones un control más laxo de los recursos del subsuelo, pero igualmente lucrativo, gracias a delegar en las administraciones locales y en sus élites sociales aquello que excedía su propia capacidad burocrática o sus intereses económicos. En otras ocasiones, por múltiples causas y factores no siempre fáciles de reconocer, prevalecieron las modalidades de gestión directa o indirecta. Todas estas posibilidades de gestión tienen cabida gracias al nexo conceptual en torno al origen “geológico” de la sal, en el que se asimila la explotación de las minas de sal y aguas salobres de interior a la propia minería. Como veremos en el siguiente apartado, desde nuestros presupuestos este esquema conceptual, con sus consiguientes implicaciones jurídicas, administrativas y de propiedad, no sería aplicable a las salinas marinas.

Ya mencionamos que, para Plinio, la sal marina era la sal facticius por excelencia, es decir, aquella que se creaba de forma artificial a partir del agua del mar en contraposición a la sal nativus de las “canteras de sal” y otras sales “naturales”. Su explotación se producía a través de la captación directa del agua marina durante la pleamar que, mediante complejos sistemas de esclusas y canalizaciones, se conducía hasta los depósitos de concentración y cristalización. Las salinas marinas formaban un complejo de instalaciones en zonas costeras cuyo funcionamiento conocemos gracias a las descripciones ofrecidas por Manilius (Astr. V, 682-692) y Rutilius Namatianus (De Red. 475-490), y que han encontrado su mejor plasmación material en los restos arqueológicos de las salinas del puerto de Ostia (Panuzzi, 2013; Grossi et al., 2015) y Vigo (Currás, 2017). Las excavaciones realizadas en 2018 han permitido documentar una nueva salina romana en O Seixal (A Guarda, Pontevedra), en donde el comienzo de la actividad es coetáneo a la etapa altoimperial del cercano castro de Santa Trega (Fig. 1). A ello se suma el conjunto de instalaciones salineras que aparecen a lo largo de la fachada atlántica, desde la ría de Vigo hasta la desembocadura del río Duero (Currás, 2017; Currás et al., 2024). La entidad de estas explotaciones en un entorno próximo hace necesaria una reflexión acerca de la relación existente entre las salinas marinas y las comunidades en cuyo territorio se encontraban, quién pudo ser su beneficiario y en qué régimen se produjo su aprovechamiento.

Desde una perspectiva general, la interpretación del encuadramiento administrativo de las salinas marinas se ha visto mediatizado por la importancia de las grandes salinas públicas de la ciudad de Roma, de las que se tiene una mayor información arqueológica y epigráfica. Eran los llamados Campi Salinarum Romanarum, situados en la parte septentrional de la desembocadura del Tíber y que se nutrían de las aguas salobres del Stagno di Maccarese (Grossi et al., 2015). Este complejo de producción de sal se completaba con las cercanas salinas de la ribera meridional del Tíber, dependientes de la colonia de Ostia (Cébeillac-Gervasoni y Morelli, 2014). De la entidad de estas explotaciones nos habla la estructura de un 1 km de longitud construida con ánforas, y que formaría un dique de contención flanqueado por canalizaciones hasta llegar a dos entradas con esclusas en forma de embudo, separadas entre sí por 300 m, a partir de las cuales el agua salina se distribuiría por diversos tanques de evaporación (Grossi et al., 2015).

El control de la ciudad de Roma sobre la sal fue más estrecho que en el resto de salinae maritimae por la importancia estratégica de la que se revestía el abastecimiento de sal a la Vrbs, convertida muchas veces en herramienta política dirigida al control social. En época arcaica fue el Estado romano, a instancias de Anco Marcio, quien ordenó la construcción de estas salinas tras el triunfo sobre Veyes (Liv. 1, 33, 9). La fortificación temprana de Ostia en el siglo IV a. C. responde a la preocupación por proteger este recurso desde Roma (vid. Rebuffat, 1974). Episodios posteriores, como los repartos de sal a la plebe de Roma por parte de Agripa del 33 a. C. con el fin de granjearse el favor de su capital (Cass. Dio 49, 43, 2) demuestran su relevancia política como instrumento al servicio del poder desde los prolegómenos del Principado en Occidente. La especificidad de la sal de Roma hace que su modelo de gestión y explotación sea difícilmente extrapolable incluso a otras zonas de la costa itálica como refleja el ya comentado ejemplo de Minturnae (vid. supra).

Las intervenciones arqueológicas de urgencia del año 2003 en la zona de las salinas dieron a conocer una dedicación a Neptuno ofrecida por dos probables libertos, L. Virtius Epaphroditus y L. Cornelius Hesper, cuya datación consular permite situar la inscripción en el año 135 d. C. (AE 2014, 264). La mención de los dedicantes como conductores de los Cappi (sic) Salinarum Romanarum y el contexto del hallazgo, en un pequeño sacellum integrado en una estructura interpretada como posible residencia de los trabajadores subalternos (Morelli y Forte, 2014), permiten saber con bastante seguridad que la explotación de la sal se realizaba a partir del arrendamiento de los lugares de producción a privados (Fig. 2). En este sentido se ha apuntado recientemente la posibilidad de que se tratara de ager publicus de la ciudad de Roma y que solo a partir de la dinastía Severa pasara a estar bajo control directo de la administración imperial (Cébeillac-Gervasoni y Morelli, 2014). En realidad, el testimonio de las actividades de dos procuratores en estas salinas, según sabemos por una segunda inscripción datada entre el 197-209 d. C. (CIL XIV 4285), viene a completar el significado de los conductores mencionados, de los que ya pendería el pago de un vectigal salinarum al tesoro fiscal. No en vano el motivo de esta segunda inscripción es la dedicatoria de los propios procuradores augustales al genio de los porteadores de sal, que actúan en las salinas y son los encargados de su transporte a Roma (genius saccariorum salariorum totius urbis). Ello rubrica el fuerte vínculo entre los centros de producción y los circuitos de abastecimiento a la Vrbs, además de reflejar con claridad su carácter público y dependiente de la administración imperial.

Otro dedicante, Restitianus Cornelianus, que se define como arkarius salinarum Romanorum¸ permite deducir distintos aspectos organizativos. Por un lado, que existía un tesoro (arka o aerarium) asociado a las salinas, de la que se dice estaba bajo el control de dieciséis individuos. Por otro que, a juzgar por la trayectoria de estos oficiales (arkarii), normalmente asociados al cobro de determinados vectigalia concretos y que forman parte de la familia Caesaris, es altamente probable que el tesoro lo compusieron los mencionados vectigales del arriendo de las salinas y que, en estos momentos, estos ya empezaran a absorberse como parte del patrimonium privado del Princeps. De hecho, en el Bajo Imperio, al menos a partir del 368/70 d. C., los puestos de venta y distribución de sal en la ciudad de Roma (abastecidos en gran medida por los Campi Salinarum Romanarum) eran también públicos, cerrando un circuito que descansa por completo en una titularidad estatal. De ello nos informan algunas fuentes literarias (Symm. EP. 11, 103; Lib. Ep. 10, 58) y constituciones imperiales dirigidas al praefectus urbi de Roma (CTh. XIV, 5, 1; XI, 20, 3; C I. 6, 1, 11; Lagóstena y Cañizar, 2010, pp. 72-75), en las que la figura de los mancipes y conductores salinarum se perfila como los arrendatarios exclusivos de la gestión de los puestos de venta y de almacenamiento de sal de la ciudad, junto a otros servicios como las thermae, a través de contratas obtenidas mediante pública subasta.

El papel estratégico que desempeñaron los Campi Salinarum Romanarum, íntimamente ligado al orden público en la ciudad de Roma y a la instrumentalización política de la sal, hace que su modelo deba ser extrapolable de un modo automático al conjunto de salinas marinas del mundo provincial, a pesar de que ello suponga renunciar a una de las fuentes fundamentales sobre el régimen de gestión de este tipo de salinas en el Imperio Romano. El marco normativo que define el régimen de propiedad de las salinas marinas debe conectarte con la condición jurídica del litoral romano, como ya fue planteado con anterioridad (Ørsted, 1998; Lagóstena y Cañizar, 2010, pp. 82-84).

Para Plinio la sal facticius es fundamentalmente la que se obtiene in salinis mari adfuso (NH 31, 39, 81), es decir, la que se nutre del agua marina y que funciona gracias a las mareas. Esta idea se superpone con total claridad con la concepción del litus maris expuesta por la jurisprudencia. Una definición la encontramos en época de Adriano, cuando Celso informa que ya en tiempo de Cicerón el litus tiene su límite hasta donde alcanza la marea alta: Litus est quosque maximus fluctus a mari pervenit (D. 50, 16, 96, 0 = Cels. 25 dig.). Poco antes, con Trajano, Javoleno ya había ofrecido una definición similar, e introduce un matiz importante al aludir al litus maris como público: Litus publicum est eatenus, qua maxime fluctus exaestuat (D. 50, 16, 112 = Iav. 11 ex Cass.). La pregunta inmediata es cómo debe interpretarse esta naturaleza pública de los litora: ¿son res publicae con el sentido patrimonial de las res fiscales que Ulpiano reconoce para los metalla o los yacimientos de sal gema (vid. supra)?; ¿se trata, por el contrario, de otra valoración de lo público, como las res publicae usui destinatae (vid. D. 43, 8, 2, 4-5=Ulp. 68 ed.)?

Las cualidades jurídicas de los litorales no están exentas de complejidad al marcar el punto de colisión entre dos regímenes jurídicos distintos: la “tierra” y sus bienes prediales, y un mar a disposición de todos, pero cuya naturaleza inconmensurable imposibilita su privatización. Esta disyuntiva generó que los litorales tuvieran un expediente híbrido entra ambas categorías, sintetizado en la noción de las res communes omnium. Su fundamento se asienta en un claro trasfondo filosófico, en donde el mar y sus costas son bienes inagotables otorgados por la naturaleza al conjunto de la humanidad (naturali iure communia omnium) al igual que el aire o el agua de lluvia, razón por la cual su acceso y aprovechamiento se integraba dentro del ius gentium y no podía sustraerse (Kaser, 2004, pp. 134-138; vid. D. 43, 8, 4 = Scaev. 5 resp.; vid. Lytle, 2012). Esta idea está presente en numerosas referencias literarias desde comienzos del Alto Imperio12, lo que prefigura la base de pensamiento necesaria sobre la que se construyen paulatinamente las res communes omnium como categoría jurídica. Es altamente probable que ya en el siglo I a. C. tanto los mares como sus costas empezaran a considerarse como tales. La mencionada definición de Cicerón sobre los límites del litus maris, que sienta un precedente del que se hace eco Celso (D. 50, 16, 96 pr.), es fruto con toda probabilidad de una controversia por algún tipo de construcción en el litoral en la que se hace necesario precisar un concepto no desarrollado hasta entonces (Masi, 2014, pp. 234-236). Lo importante para nuestro objeto, y que no suele tenerse en cuenta, es que a la hora de emitir su resolución Cicerón ya pudo tener presente el carácter “común” del mar y de sus costas, tal y como se intuye en uno de sus discursos: Quid tam est commune quam spiritus vivis (…) mare fluctuantibus, litus eiectis? (Cic., Rosc. Am. 26=72).

En cualquier caso, es la jurisprudencia del periodo de la dinastía Severa cuando el mar y los litorales aparecen con mayor nitidez dentro de las res communes omnium. En la “clasificación de las cosas” de Marciano, se establece por primera vez el litus dentro de esta categoría, y lo hace por extensión de las cualidades jurídicas del mar (per hoc): Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris (D. 1, 8, 2, 1 = Marciano 3 Inst.). También Ulpiano expresa una idea similar: … et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer (D. 47, 10, 13, 7 = Ulp. 57 ad ed.). Finalmente, en la tipología de las res humani iuris de las Instituciones de Justiniano (2, 1 pr.) se fosiliza esta misma concepción, mencionando al mar y sus litorales entre las res communes omnium como categoría reconocida, en este caso ya contrapuesta con claridad a las res publicae (Alemán, 2013, pp. 554-555).

Del conjunto de alusiones en fuentes jurídicas al tratamiento del mar y sus costas interesa sobre todo clarificar dos aspectos fundamentales para comprender su carácter “público”. El primero deviene de sus limitaciones de acceso al dominio privado, es decir, el mar y sus litorales pueden ser considerados res publicae en tanto que se contraponen a las res privatae. Esta idea está bien presente en el anterior fragmento de Ulpiano (D. 47, 10, 13, 7) al vincular las res communes omnium con un aprovechamiento económico colectivo que no puede sustraerse ni limitarse, como ilustra con el ejemplo del derecho a la pesca. La disponibilidad y utilidad colectiva es igualmente la que impide que al mar puedan afectarle servidumbres o condiciones propias del derecho privado (D. 8, 4, 13 pr.= Ulp. 6 opin.). En realidad, este tratamiento flexible y laxo está ya presente en la dicotomía gayana sobre las res iuris humani, en donde las res publicae se articulan simplemente en negativo respecto a las res privatae (quae singulorum hominum sunt), abarcando todo lo aquello que no puede encontrarse entre los bienes de nadie y corresponde por tanto a la colectividad (Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse, ipsius enim universitatis esse creduntur: Gai. Inst. II, 10-11). Una consecuencia de todo esto, y que afecta de un modo directo a las salinas marinas, es la exclusión del litus maris de los bienes susceptibles de formar parte del patrimonio del fiscus o del patrimonium Caesaris. Como veremos, las fuentes jurídicas insisten en que el tipo de propiedad que se genera en los litorales son bienes estancos y no susceptibles integrarse en el circuito comercial, lo que resulta incompatible con las res in patrimonio fisco o res fiscales, que podían enajenarse por privados como dominio pleno y que, además, funcionan de manera creciente como bienes privados del emperador (vid. D. 43, 8, 2, 4-5=Ulp. 68 ed.). Esta sospecha la confirma con claridad Neracio (s. II d. C.) al afirmar que los litora no son públicos en el mismo sentido de los bienes que son del patrimonio del pueblo, sino de aquello que es producido por la naturaleza y no puede pertenecer a nadie en particular13 (D. 41, 1, 14pr.-1 = Neracio 6 Reg.).

El segundo aspecto de importancia sobre las cualidades públicas del mar y sus costas viene determinado por el mencionado sentido de “utilidad colectiva”. El mar y sus costas están a disposición de todos en tanto que res communis omnium y gozan por ello de un acceso físico garantizado, así como un aprovechamiento económico que no puede lesionarse. Aquí, el elemento que atribuye el carácter público a los litora maris es la protección pública sobre este derecho de uso colectivo, cuyos límites se establecen cuando las actividades y construcciones de los particulares en la costa menoscaban la libre disposición de las res communes omnium al resto. Cuando Celso afirma que los litora están bajo el imperium de Roma hace referencia precisamente a este poder jurisdiccional del gobernador, para garantizar el uso de las res communes omnium e impedir restricciones a terceros, tal y como menciona inmediatamente a continuación (D. 43, 8, 3 pr.-1= Cels. 39 dig.). Para Pomponio, las propiedades en el litus también podían protegerse y confirmarse mediante un decreto del pretor (o del gobernador) si, en caso de controversia, se demostraba que eran lícitas (D. 41, 1, 50 = Pomponio 6 Plaut.). Ulpiano también es claro en este sentido, al afirmar que debían protegerse las propiedades construidas en el litus, y que en caso de vulnerar el principio de “utilidad colectiva” estaba sujeto a un interdicto para reparar los daños (D. 43, 8, 2, 8 = Ulp. 68 ad ed.). Por esta razón garantista las salinas, al igual que los puertos, debían ser declaradas para conocimiento del gobernador provincial, tal y como Ulpiano lo indica en la forma censualis (D. 50, 15, 4, 6-7= Ulp. 3 de cens.).

De manera sintética puede concluirse que el carácter público del litus maris está totalmente justificado por esta doble dimensión: tanto por su exclusión del ius privatum como por el reconocimiento de un régimen de propiedad singular que, a su vez, lo inhabilita de la categoría de res in uso publico, inalienables por definición. Ambos aspectos dan su razón a las res communes omnium como categoría de res publicae con rasgos propios.

Si volvemos la mirada a la situación jurídica de las salinas marinas debe contemplarse su integración en el régimen de propiedad que se produce en los litora. Como anticipábamos, las fuentes jurídicas disponibles dejan muy claro que era posible construir en las costas. En algunas de ellas se emplea genéricamente el verbo aedificare 14 o exstruere 15, englobando tanto pequeñas construcciones de carácter temporal (D. 1, 8, 5, 1 = Gayo 2 res cott.), y otras estructuras permanentes de envergadura como aedificia (D. 41, 3, 45 pr. = Papiniano 10Resp.), entre las que también se contaban los diques (moles: D. 43, 8, 2, 8 = Ulp. 68 ad ed.) y la cimentación del suelo a través de pilae (D. 41, 1, 30, 4 = Pomponio 34 ad Sab.; D. 43, 8, 3 pr.-1= Cels. 39 dig.), ambas presentes en una salina marina.

Como se vio anteriormente, estas construcciones no podían ser objeto de un dominio privado pleno, sino integrado en un régimen de propiedad con características particulares, siempre tutelado y supeditado al principio de utilidad común. Aunque no todas las opiniones de la jurisprudencia resultan plenamente conciliables, sí es posible extraer algunas conclusiones generales. Así, Ulpiano considera que este tipo de estructuras no se producen en terreno propio (in suo) pero pertenecen a sus dueños por el derecho de gentes (D. 39, 1, 1, 18 = Ulpiano 52 ed.). Se trata sin duda de una concepción antigua sobre la propiedad del litoral, que ya Escévola relaciona con el ius gentium (D. 43, 8, 4 = Scaev. 5 resp.). Otros, como Marciano, Neracio o Pomponio, sostienen con distintos matices que estas formas de propiedad se producían en el esquema de la occupatio, convirtiéndose en bienes precarios siempre susceptibles de ser “ocupados” por otros o retornar a su situación anterior. Así para Marciano (D. 1, 8, 6, 0 = Marcian. 3 Inst.), quien construye en el litoral adquiere un cierto meum esse sobre lo construido, lo que modifica las propiedades del suelo. En caso de abandono, estos bienes retornaban a la situación originaria dentro de un mecanismo de ficción jurídica que el jurista entiende semejante al postliminio, pudiendo entonces producirse una nueva occupatio. Para Neracio y Pomponio las particularidades de las propiedades costeras parecen asimilarse a la res nullius (D. 41, 1, 14 pr.= Neracio 6 Reg.; D. 41, 1, 30, 4 = Pomponio 34 ad Sab.), al ser enajenables por aquellos que deciden ocuparlas. Al preguntarse Neracio si ello afecta a la condición jurídica del locus llega a similares conclusiones que Marciano, al entender que en caso de abandono se disuelve la propiedad mediante la ficción de que nunca se hubiera construido en el litoral (D. 41, 1, 14, 1= Neracio 6 Reg.). Es, en suma, una forma de propiedad plenamente coherente con las características de la costa como res communis omnium, cuyos derechos sobre lo construido no son permanentes, sino precarios, y obedecen solo a un aprovechamiento continuado de los recursos brindados por la naturaleza. Por esta razón, eran bienes extra commercium, y su abandono implicaba la renuncia de cualquier poder o derecho que se tuviera sobre ellos, al disolverse el principio de utilidad que los justificaba.

Si trasladamos este esquema a la situación de las salinas marinas es posible pensar entonces en un importante margen de actuación a la iniciativa privada de individuos o corporaciones cuyas actividades productivas, independiente del fiscus, redundaba en beneficio directo de las élites económicas comunitarias. Es difícil saber si estamos ante una actividad totalmente exenta de impuestos, o bien que se fiscalizaba por medios indirectos (en los puestos de venta, circulación, por mediación de las ciudades, etc.). Por otro lado, surge una cuestión central: si, efectivamente, la producción de sal marina se produce al amparo del aprovechamiento de la res communis omnium, ¿ello implicaba un régimen de explotación totalmente libre?

Algunas fuentes reflejan con claridad el carácter privado de las salinas marinas y, aunque la documentación es escasa, otras también permiten suponer que estas explotaciones tendieron a funcionar, en la práctica, bajo el paraguas administrativo de las comunidades, aun cuando sus litora no estuvieran formalmente adscritos a sus territorios. Seguramente esta realidad pudo esconderse en la narración del viaje de Dion de Prusa (36, 3) a la ciudad de Borístenes dependiente de Olbia en época de Trajano, en donde se describe la abundancia de sus salinas marinas a orillas del mar Negro pertenecientes a la comunidad, así como la presencia de numerosos comerciantes externos que compraban la sal producida en sus costas. En ámbito itálico, ya analizamos la existencia de societates y salinatores esclavos que posiblemente pertenecían a las élites locales y eran empleados en las salinas marinas del municipio costero de Minturnae desde época republicana. Probablemente, esta realidad no era muy diferente a la que más tarde describe Namatianus en la villa rústica de su amigo Albino, quien contaba posiblemente con salinas marinas entre sus propiedades en la costa toscana (De Red. I, 475-488). El propio Cicerón expone esta posibilidad al hablar de salinarum mearum possesio (Epist. ad fam. 7, 32), aunque lo haga de un modo retórico y jocoso dentro de un juego de palabras.

En la provincia Asia encontramos uno de los ejemplos más explícitos en esta dirección. Como vimos, la experiencia de Priene y Éfeso ya constata con claridad que algunas salinas marinas fueron reconocidas por las autoridades romanas a las comunidades desde comienzos del siglo I a. C. en adelante. Esta perspectiva puede ahora completarse con nuevos testimonios de indudable valor histórico en el ámbito territorial de la comunidad de Caunus en zona caria para el Alto Imperio. Las campañas de excavación sacaron a la luz una nueva salina marina bajo la playa de Iztuzu (Turquía), en excelente estado de conservación, de donde se extraía la reputada Caunitis sal que Plinio destaca por sus propiedades curativas en enfermedades de la vista (NH 31, 99). La salina está formada por 48 estanques circulares de evaporación de tamaño homogéneo, con 4,3 m de diámetro y 18 cm de profundidad, agrupados en cuatro sectores delimitados por canalizaciones inconexas de forma rectangular, y un pequeño dique que regulaba la entrada del mar16 (Atik, 2008). El nuevo hallazgo permite complementar el contenido de una interesante inscripción fragmentaria de Caunus (I. Kaunos 35.1), cuya datación se discute entre el gobierno de Vespasiano o Adriano, y en la que se recoge una donación de carácter evergético por parte de dos individuos a la comunidad, lo que permitió a sus ciudadanos la exención de impuestos locales durante un periodo no precisado. Aunque su estado de conservación no permite una lectura completa se ha llamado la atención sobre la existencia de una “oficina de la sal” (haliké oné) en la comunidad que, junto a la indicación en el epígrafe a que determinadas cargas sobre la sal deban permanecer en sus cantidades actuales, ha llevado a pensar acertadamente en que existía un control administrativo de Caunus respecto a sus salinas marinas (Carusi, 2008, p. 238; Marzano, 2013, p. 126; García y Martínez, 2017, pp. 199-200; Tsigarida, 2015a, p. 278).

Dos inscripciones de Ariminium (Rímini) datadas en el último cuarto del siglo I d. C. pueden reflejar una realidad semejante a la que estamos tratando. En ellas, se inmortalizan sendas dedicatorias al militar L. Lepidus Proculus por parte de los salinatores civitatis Menapiorum (CIL III, 390) y Morinorum (CIL III 391), comunidades peregrinas situadas en el extremo noroccidental de la Gallia Belgica a orillas de la costa atlántica. A juzgar por los detalles que suministra el cursus lo más probable es que la dedicación estuviera motivada durante su periodo de estancia como centurión en la legio VI Victrix asentada en Novaesicum (Neuss, Alemania), entablando algún tipo de relación con estas comunidades. Sobre este punto algunos autores dan por sentado que este militar pertenecería al ordo ecuestre con el fin de justificar que fueron decisiones fiscales relacionadas con la sal las que motivaron las dedicatorias, ya fuera para propiciar o por establecer gravámenes favorables para las comunidades (Martínez, 2005, p. 120; Mangas y Hernando, 2011, pp. 59-60). En realidad, nada hay en la inscripción que permita reconocerle dentro del ordo ecuestre con el fin de sostener el modelo de arrendamiento público de los centros productivos de sal. Parece más adecuado pensar que la motivación del epígrafe guarde relación con las transacciones comerciales que el ejército solía establecer con su entorno para el abastecimiento de determinados recursos y bienes necesarios, a la manera de las adquisiciones de sal documentadas en el campamento de Vindolanda en este mismo periodo17 (Northumberland, Reino Unido: Tab. Vindol. 185, lí. 22; 186, lí. 10; 191, lí. 5; 202a, lí. 8; vid. Bowman y Thomas, 1983; Stockinger, 2015, pp. 189-190). El papel desempeñado por el centurión pudo pasar entonces por una buena predisposición comercial, al establecer condiciones económicas que resultaron lucrativas para los Morini y Menapii, cuyas élites eran las beneficiarias en último término de la producción de sal en sus comunidades18. Una inscripción votiva a dea Nehalenia recoge además la figura de un negotiator salarius C(oloniae) A(rae) A(grippinensium) (Colonia) procedente de la civitas Trevorum (AE 1973, 362) que, a juzgar por el lugar del hallazgo en la actual localidad de Colijnsplaat (Holanda), actuaba en el siglo II d. C. en la zona costera al sur de los Menapii. Estos indicativos nos hablan de la entidad de este tipo de transacciones comerciales a escala regional desde los lugares de producción, relacionadas en gran medida con el suministro de sal al limes germano. Aunque no hay restos arqueológicos documentados de ninguna salina en este contexto, sí se constata ampliamente el empleo de “briquetage” en el territorio normalmente atribuido a ambas comunidades (Cabal y Thoen, 1985; Dekoninck, 2018). El encaje jurídico y fiscal de esta forma de obtención de sal de forma “artificial” plantea interesantes cuestiones. Los procesos productivos basados en la calefacción de agua marina (Harding, 2013, pp. 73-84) no implican una ocupación del espacio que pueda ser equiparable a la de los extensos campi salinarum de los que habla Columella (Rust. 2, 2, 15). No existen salinas como tales, tan solo los hornos en donde se lleva a cabo la concentración del agua del mar. El acceso libre al agua del mar, en tanto que bien común, aseguraría probablemente una cierta independencia y quizás es uno de los factores que explica la continuidad de un sistema de producción originado en la protohistoria, que en época romana alcanza un gran desarrollo (Lane y Morris, 2001).

El modelo de explotación de la sal producida en el litoral bajo el cuadro de las res communes omnium abre vías de análisis para comprender la producción en zonas donde se han documentado nuevas evidencias de salinas de época romana, como en las pequeñas bahías de la costa de Dalmacia (Grisonic, 2022) y Asia (Seeliger et al., 2014). Quizás la producción de sal en la costa de la provincia Narbonense pudo seguir un modelo análogo. En cualquier caso, merece la pena contemplar esta posibilidad, tal y como refleja la inscripción de Peyriac-de-Mer (CIL XII 5630), en donde aparecen los libertos L. Salonus Buccius y L. Salonus Hilarus como salinatores que actuaban posiblemente en las salinae marinas de su patrono, L. Publius. La venta a pequeña escala también parece corresponder a individuos privados, según se constata en el caso del liberto, P. Albius [---]cinus¸ que dice ser propola [s]al[is], en la colonia de Narbo Martius (CIL XII 4506). Aunque las fuentes literarias poco nos dicen sobre las salinas marinas del área narbonense, sí hay algunas evidencias arqueológicas claras de explotación de la sal marina en época romana en la región (vid. Boutet, 2007; Coadic y Sánchez, 2012). En la costa de Bas Lauvert, en Antibes, junto a la antigua ciudad de Antipolis, se documentó un gran pavimento de cantos rodados, que podría llegar a cubrir una superficie de 1 ha, cerrado y separado del mar por un amplio dique de opus caementitium (Daveau y Sivan, 2010). La datación aproximada de estas estructuras se sitúa en época tardorrepublicana, entre el s. II a. C. y el cambio de era.

Si la línea argumentativa de las páginas precedentes es correcta, la conclusión necesaria es que el aprovechamiento de la sal marina debe incorporarse en la lectura histórica como factor importante en la dinamización económica de las comunidades locales y en el proceso de construcción y consolidación de sus élites como principales beneficiarias del ámbito productivo. Las reflexiones previas pueden extenderse a la relación existente entre los Elaeni/Helleni (Str. 3, 4, 3; NH 4, 112) y las salinas marinas documentadas en Vigo, o aquellas del entorno de A Guarda con respecto a Tude y a la civitas de los Grovii, sobre la base de un marco comunitario o privado (Fig. 3) (Currás et al., 2024).. Ambas comunidades, a pesar de carecer de menciones epigráficas explícitas que iluminen sobre el modelo de gestión de la sal (como ocurre con el resto de la península ibérica), en principio contaban con capacidad administrativa plena en el control y la gestión de los recursos de sus territorios como comunidades peregrinas (Orejas y Sastre, 1999; Rodríguez, 2018). Es difícil saber con seguridad si la fiscalización de las actividades productivas las acometía la propia comunidad (dando o no una parte al fisco), si Roma gravaba su circulación o venta, o si estas estaban exentas de impuestos. La falta de fuentes limita un conocimiento preciso sobre el encuadre en el que se produce la relación entre las explotaciones salineras y sus comunidades.

Un indicio importante es la relación orgánica que parece establecerse entre los lugares de producción de sal con respecto a las pesquerías y centros de producción de salazones (Currás, 2017). Con carácter general, recientemente ya se ha planteado que en muchas ocasiones la producción y distribución tanto de sal como de salazones no estaba segmentada, sino asumida por una única corporación privada, normalmente con vocación comercial (Lowe, 2018; Marzano, 2018). Esta hipótesis ha sido la solución planteada para algunos contextos litorales béticos, en donde los centros productivos de sal como los documentados en Los Cargaderos en San Fernando19 o quizás en las instalaciones fabriles de algunas villae costeras como las de Gallineras (Cerro de los Mártires, San Fernando) o Puente Melchor en la bahía gaditana (vid. Bernal y Corrales, 2016, p. 334), solo cobran sentido como parte del circuito comercial de escala local y regional por parte de los negotiatores y los salsarii béticos (García y Martínez, 2006, pp. 271-274; 2009).

En el contexto del Noroeste hispano, la relación existente entre centros productivos de sal y factorías de salazones (Currás, 2017) es indicativa de un complejo productivo que pudo descansar en unas mismas manos por parte de determinados individuos o colectivos privados. Esta relación tiene su ejemplo más claro en las grandes salinas de Vigo, que conformaban un único complejo salinero que se extendía por una superficie estimada de 8,5 ha, y cuya producción nutría diferentes factorías de salazón como las documentadas en la calle Marqués de Valladares y en la plaza de Compostela (Fig. 3). De su dinamismo económico nos habla la presencia de migrantes atraídos hasta esta zona (HEp 6, 784 y 785; AE 1969/70, 257 y 258). Esta misma relación se observa en otros indicios de salinas a lo largo del litoral gallego y portugués: las salinas de Bouzas (Vigo) respecto a los cercanos centros de producción salazonera de O Fiunchal y O Cocho, también la salina en la playa de Nerga (Cangas do Morrazo) respecto a la factoría de A Igrexiña, o el ejemplo de la playa de Angeiras (Matosinhos), ya en ámbito portugués, con un pavimento de salinas en situación cercana a unos tanques para el tratamiento de pescado excavados en la roca (Currás, 2017). La diferencia de la Bética respecto al Noroeste, sin testimonios epigráficos sobre este tipo de corporaciones privadas que actúan a gran escala se debió con toda probabilidad al papel que ejercieron las aristocracias locales respecto a sus recursos comunitarios, dentro de una escala de actuación más localizada.

Otros indicios indirectos de que, efectivamente, tanto la producción de sal como de salazones revertía de una manera directa en las comunidades y sus élites, lo suministran algunos ejemplos de epigrafía votiva insertos en los principales paisajes de explotación salinera en el Noroeste. En estrecha relación con la factoría de salazón situada al pie del Castro de Alobre, se documenta un ex voto a Neptuno del que no se conserva el nombre del dedicante (Vilagarcía de Arousa; AE 1969/70 270) (Fig. 5). En el importante conjunto fabril de la bahía de Douarnenez, en Bretaña (Leroy, 2003), se documentó también una inscripción y una dedicación a la misma divinidad (Éveillard y Le Roux, 2014). Lógicamente se trata de la divinidad por antonomasia que se asocia con la providencia del mar y que, fruto del vínculo con la divinidad Salacia (vid. Varr. Ling. 5, 72), puede manifestarse en concreto con la obtención de la sal como refleja el ejemplo mencionado del Neptuno de los Campi Salinarum Romanarum (vid. Cébeillac-Gervasoni y Morelli, 2014, Montero, 2022, pp. 202-203). Del mismo modo, los avances en la investigación del importante complejo de instalaciones salinas en todo el entorno de A Guarda (Pontevedra), como las excavadas en O Seixal, seguramente permitan matizar el significado de la conocida figura de Hércules hallada en el castro de Santa Trega (Calvo y Sánchez, 2001, p. 36), actualmente desaparecida. Para ella deberá contemplarse sus bien conocidas cualidades propiciatorias para la conservación de alimentos, tal como las que desempeñaba en el Foro Boario (Torelli, 2006, pp. 579-580; Carusi, 2008, p. 138; Mangas y Hernado, 2011, p. 64), bajo la forma Hercules-Melkart en ámbito gaditano y chipriota (Martínez Maganto, 2005, p. 115 y 125, n. 22) o, más concretamente, en su advocación de Hercules Salarius en Alba Fuscens (CIL IX 3961). Es muy significativa en este mismo sentido la documentación de varias representaciones de Hércules en la bahía de Douarnenez: una estatua de mármol en la factoría de salazón Port Rhu, otra en la de Plomarc’h y un bajo relieve de procedencia imprecisa (Moitroeux, Maligorn y Éveillard, 2013). Quizás otros expresiones de cultos locales peor conocioas, como el santuario al deus Berobreo sobre los niveles de amortización del castro de Monte do Facho (O Hío, Cangas de Morrazo; Koch, 2005; Schattner, Suárez y Koch , 2006), y que cuenta con una innegable vocación marítima y control visual sobre la ría de Vigo, pudo igualmente cobrar una significación religiosa relacionada con este complejo de explotaciones, como las salinas en la inmediata playa de Nerga o la industria salazonera de A Igrexiña. Los anteriores ejemplos resultan reveladores, en suma, de la búsqueda de protección cultual sobre los recursos marinos, lógicamente porque revertían en un beneficio directo para las comunidades y sus élites sociales.

Seguramente el mayor conocimiento arqueológico de la explotación de la sal en los litorales de la fachada atlántica nos ayude a matizar en un futuro muchas de estas cuestiones. La documentación de unas salinas en relación a la villa romana de Toralla (ss. III-V) (Pérez Losada, Vieito y Fernández, 2007, p. 22), sugiere la existencia de una explotación privada, que viene a sintetizar muy bien esta idea del papel jugado por la sal y la industria salazones en la configuración de las clases dirigentes. Evaluar el grado de impacto que tuvo la explotación de la sal en el propio desarrollo de las sociedades del Noroeste hispano es todavía una tarea necesaria que debe acometerse en esta parte de la fachada atlántica como importante factor de cambio social.